La inclusión social constituyó una de las once prioridades de la política de cohesión para 2014-2020 de la UE (objetivo temático 9). Además, la administración estatal española desarrolla un conjunto de programas sociales en cooperación con las comunidades autónomas, entre ellos la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social de acuerdo con la Estrategia Europea de inclusión social.
Qué es la inclusión social de las personas con discapacidad
La inclusión social de las personas con discapacidad entiende que todos los aspectos de la vida de este colectivo deben ser respetados al máximo de sus capacidades y deseos, aprovechando sus habilidades y pudiendo ejercer sus derechos con todas las garantías en todas las etapas de la vida.
Para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad se deben cambiar las actitudes excluyentes de la sociedad por las incluyentes, eliminar las barreras físicas, mentales y discriminatorias y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.
En España, la Ley General de Discapacidad (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), denominada “Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”, habla en su artículo 2 sobre la inclusión social, y la define como “el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás”.
La LGD desarrolla diferentes acciones para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad, como son los programas de atención integral, el apoyo para la actividad profesional, la garantía de una educación inclusiva y adaptada a las necesidades y la reserva de viviendas para este colectivo.
A nivel internacional, la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad quiere asegurar de forma integral, a través de su política y su marco de rendición de cuentas, que el sistema de las NNUU esté en condiciones de lograr la inclusión social de las personas con discapacidad. Para garantizar que los individuos con discapacidad estén plenamente integrados en la sociedad, se examinará la estrategia tras cinco años y se actualizará según sea necesario.
Esta Estrategia constituye el marco institucional para la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.