Derechos de las personas con discapacidad en España
En España existen más de 3,5 millones de personas con alguna discapacidad, lo que supone el 9% de la población, según la última encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, publicada en 2008 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en colaboración con la Fundación ONCE y el Imserso. La situación actual se podrá ver mucho mejor reflejada en la próxima encuesta, que el INE tiene previsto publicar este 2021.
Sea como fuere, las personas con alguna discapacidad, ya sea física, sensorial o mental, constituyen un sector de la población importante y heterogéneo, con muchas y distintas realidades socioeconómicas, habitacionales o de diagnóstico. No obstante, en la sociedad continúan existiendo barreras que ponen en jaque su pleno derecho a la integración social y laboral. Por ello, es fundamental la existencia de leyes que garanticen el cumplimiento y la defensa de sus derechos y que velen por su plena participación en la sociedad.
Ley General de Discapacidad
Los derechos de las personas con discapacidad en España se recogen en la Ley General de derechos de las personas con Discapacidad y de su inclusión social (LGD). Establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, disponible también en lectura fácil, establece una serie de derechos para las personas con discapacidad, recogidos en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU, y sanciones para el no cumplimiento, con el objetivo de garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades.
La Ley General de Discapacidad agrupa 3 leyes anteriores en España:
- Ley de Integración Social de las personas con discapacidad (LISMI).
- Ley de igualdad de oportunidad, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- Ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Derechos y obligaciones de las personas con discapacidad
La Ley General de derechos de las personas con Discapacidad se fomenta en unos principios básicos:
- La dignidad y la autonomía. Estas personas pueden tomar decisiones por su cuenta.
- La vida independiente. Tienen derecho a decidir sobre su vida y sobre cómo desean participar en la sociedad.
- La no discriminación. Ninguna persona con discapacidad debe sufrir acoso o cualquier forma de discriminación a lo largo de su vida.
- Igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás sectores de la población.
- La normalización. Tienen derecho a disfrutar del libre acceso a la sociedad igual que todas las demás personas, llegando a normalizar su presencia en instituciones, empresas y en la sociedad en general.
- La accesibilidad universal. Se deben eliminar las barreras, tanto físicas y mentales, de la sociedad para la plena integración de las personas con discapacidad.
- La participación y la inclusión social. Tienen derecho a participar de pleno en política, cultura, educación y en todas las actividades de la sociedad.
- El diálogo civil. Gracias a él, las personas con discapacidad pueden proponer ideas y mejoras sobre sus condiciones.
- El respeto a la vida de las personas con discapacidad.
- La transversalidad de las políticas sobre discapacidad. Todas las instituciones deben tener mecanismos para incluir sus necesidades y deben tenerlas en cuenta para modificar, si fuera necesario, su funcionamiento para adaptarse a las peticiones de las personas con discapacidad.
Los derechos de las personas con discapacidad se estructuran en diferentes capítulos a lo largo de la LGD, que cubren una serie de temáticas:
- Prestaciones sociales y económicas, contempladas especialmente para las personas que no pueden trabajar.
- Protección de la salud: deben recibir atención médica igual que el resto de la sociedad, prestando especial atención a la salud mental, sexual y reproductiva. En este sentido, las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a tener hijos y desarrollar su vida reproductiva y sexual plenamente.
- Atención integral, a través de programas adaptados a sus necesidades, y que contemplan acciones como la rehabilitación médica o la atención psicológica.
- Derecho a la educación: se fomenta una educación inclusiva, y en los casos en que las necesidades de las personas con discapacidad no puedan ser cubiertas correctamente, podrán asistir a colegios de educación especial.
- Vida independiente. Este capítulo contempla la garantía de las condiciones de accesibilidad, como por ejemplo la eliminación de todas las barreras arquitectónicas, incluyendo en el transporte público, y algunas medidas como la reserva de plazas de aparcamiento.
- Derecho al trabajo. Tal como explicamos en este artículo, esta ley contempla la reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores, además de otras medidas de apoyo al empleo. También defiende los centros especiales de empleo como generadores de inclusión social. Es el caso de femcet, donde generamos empleo para personas con esclerosis múltiple y otras discapacidades físicas o sensoriales.
- Derecho a la protección social, a través de prestaciones sociales especiales, incluyendo por ejemplo el derecho al acceso a la vivienda, sean pisos tutelados o no, con el objetivo de fomentar su plena independencia y autonomía.
- Derecho de participación en asuntos públicos, accediendo a la vida pública y política. Se contemplan dos instituciones que garantizan este derecho: el Consejo Nacional de Discapacidad, formado por el estado y las asociaciones de discapacidad; y la Oficina de Atención a la Discapacidad, perteneciente al Consejo Nacional de Discapacidad.
¿Tienes alguna discapacidad física o sensorial y necesitas apoyo para tu plena inclusión social? Contacta con femcet y te ayudaremos.